El 7 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes, buscando revisar y actualizar el Convenio 107 de 1957, el cual se constituye en el único instrumento internacional que protege a dichos pueblos. Este convenio se fundamenta en el derecho a la igualdad de derechos entre los pueblos y el resto de la población y en el respeto por su cultura e instituciones.

Todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y para hacer efectivo ese derecho pueden, entre otros, elegir y ser elegidos. En el país existe una circunscripción especial para la elección de dos senadores por las comunidades indígenas, la cual se rige por el sistema de cuociente electoral. Quien aspire a ser Senador de la República por esta circunscripción deberá haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena. También se asegura la participación mediante circunscripción especial de representantes de los grupos étnicos en la Cámara de Representantes.

Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolla el artículo 55 transitorio de la Constitución Política y contiene algunas disposiciones sobre el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva.

Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente.24 Se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales y se organiza el SINA.

Ley 100 de 1993, sobre participación en el sistema de salud. En el tema indígena relacionado con las siguientes normas: Decreto 2357 de 1995; Ley 549 de 1999; Decreto 1152 de 1999 y Decreto 1804 de 1999 (Administración del Régimen Subsidiado).

Decreto 1088 de 1993, por el cual se regula la creación de las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas.

Decreto 2230 de 1986, crea el Comité Nacional de Lingüística Aborigen, presidido por el ICAN, cuya función es asesorar al Gobierno Nacional en la formulación de políticas relacionadas con actividades de investigación, difusión, protección, enseñanza, capacitación de expertos en etnolingüística y conservación de las lenguas amerindias existentes en el territorio nacional.

El Decreto 2128 de 1992 actualiza las funciones del ICAN.

Ley 30 de 1988, establece que toda entrega de territorio a los indígenas se hará bajo la figura de resguardo. 

La Corte Constitucional, en su análisis sobre los elementos centrales de la jurisdicción indígena, estableció los siguiente:

La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias.

La potestad de éstos para establecer normas y procedimientos propios.

La sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la Ley.

La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional

Ley  12 de 1991

El gobierno colombiano tiene prohibido adoptar normas que no garanticen los derechos que protegen a los pueblos indígenas y tribales, lo cual significa que cualquier disposición legal expedida en el país debe estar acorde con lo consagrado en él. Desde esta perspectiva, a continuación realizaremos una breve descripción de los derechos que aplican en Colombia para las comunidades étnicas, tomando como base la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la OIT

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Decreto 1634 de 1960, crea la División de Asuntos Indígenas (DAI) del Ministerio de Gobierno (Decreto 2122 de 1971; Decreto 126 de 1976).

Mediante el Decreto 372 de 1996, se establece la estructura interna del Ministerio del Interior y en su artículo 23 se le asignan funciones a la Dirección General de Asuntos Indígenas; posteriormente, se reglamentó por la Ley 199 de 1995 y recientemente por el Decreto 200 de 2003.

Ley 135 de 1961, crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y en conjunto con la Ley 4 de 1973 faculta al Instituto para constituir reservas y resguardos indígenas, dando a las comunidades el derecho a la tierra en común conforme a sus usos y costumbres.

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Ley 691 de 2001, reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia.

Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias (participación ingresos corrientes de la Nación) reglamentada por los decretos 159 y 1745 de 2002.

Ley 725 de 2004, Día Nacional de la Afrocolombianidad.

Decreto 330 de 2001, sobre la constitución y funcionamiento de entidades promotoras de salud (EPS) conformadas por cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas.

Ley 691 de 2001, reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia.

 Decreto 1220 de 2005, por el cual se reglamenta el título VIII de la ley de 1993 sobre licencias ambientales.

Decreto 2001 de 1988 reglamentario de la Ley 30, establece claras definiciones de los términos relativos a territorio y organización indígena y contiene el régimen para el trámite de las adjudicaciones o titulaciones a indígenas no sólo de terrenos baldíos sino de los adquiridos por el Estado con el fin de ser entregados a las comunidades. ƒ Decreto 2655 de 1988 sobre delimitación de zonas mineras indígenas y el derecho de prelación en favor de los indígenas para la exploración y explotación. ƒ Decreto 1332 de 1992, por el cual se crea la Comisión Especial para las Comunidades Negras sobre el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales, económicos, políticos y sociales del pueblo negro de Colombia. 

La educación es un derecho de la persona y el gobierno colombiano tiene el deber de adoptar medidas para garantizar a los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación en todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural y los programas de educación instituidos para estas comunidades, deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Además, se debe asegurar la formación de los miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación.

Resolución 10013 de 1981 del Ministerio de Salud, traza una política que busca articular la medicina occidental con la medicina tradicional y establece que los programas de salud en las comunidades indígenas deben adaptarse a su organización, economía, creencias y cultura.

El Decreto 1811 de 1990 regula la prestación de servicios de salud a los indígenas del país.  

Resolución 3454 de 1984 del Ministerio de Educación Nacional, enmarca los programas de educación nacional dentro de los principios de etnodesarrollo y etnoeducación y estipula que los indígenas diseñen el contenido curricular para los programas que se adelanten en sus comunidades.